La aplicación de la biotecnología moderna a la producción de alimentos presenta nuevas oportunidades y desafíos para el desarrollo humano. La introducción de nuevos rasgos a ciertos cultivos puede ofrecer una mayor productividad agrícola o mejorías en la calidad del contenido nutricional de estos, por lo que eventualmente se puede llegar a realzar directamente la salud de las personas. La introducción en Guatemala de los organismos genéticamente modificados se ha dado en un marco jurídico e institucional con muchas debilidades y sin ninguna ley que los regule hasta el día de hoy. Por un lado se toman los transgénicos como alternativa agrícola por la posible productividad que se obtendría con este tipo de semillas, pretendiéndose aprovechar la unión por empresas productoras de transgénicos para posicionarse en el mercado regional. Si bien el uso de cultivos transgénicos es un tema relativamente reciente e innovador, sus repercusiones son motivo de debates interminables sobre sus beneficios y sus riesgos, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde se tienen centros de origen y diversidad de especies importantes que contribuyen con el desarrollo de sus pobladores, a su manera. Como parte de la problemática que el tema de la biotecnología, se establece un instrumento internacional con el fin de regular el manejo de los organismos vivos modificados (OVM) que son producto de la biotecnología moderna, llevado a cabo en Cartagena, Colombia, en la cual, en febrero del año 1999, el Protocolo de Bioseguridad es programado para ser concluido y adoptado, aunque el protocolo fue finalizado y adoptado un año después, específicamente el 29 de enero del año 2000 en Montreal, Canadá. El Protocolo establecido fué bautizado bajo el nombre de la ciudad que vió nacer tal convenio, como Protocolo de Cartagena. Este acuerdo señala específicamente el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados, teniendo como principal argumento, la promoción de la seguridad de la biotecnología al establecer normas y procedimientos que permitan la transferencia, manipulación y el uso seguro de los OVM u OGM’s. Guatemala, por su parte, ha ratificado tal convenio, aceptando la reglamentación establecida en todos los aspectos relacionados con la manipulación de la biodiversidad de forma sostenible mediante la biotecnología. Actualmente, tales normativas no son puestas en ejecución, lo que resulta ser un problema bastante significativo, dada la inminente llegada de plantas transgénicas al país, como ya lo hicieron otros países de Centroamérica como Honduras y Costa Rica.
Por otro lado, no se cuenta con estudios concluyentes así como una amenaza para los pequeños agricultores, habiendo mucha oposición por parte de grupos sociales y académicos. Como parte del gremio de la agricultura nacional, la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos debe velar por la realización de dichos estudios académicos en pro de la población.
El propósito de este trabajo es analizar el marco legal, institucional y ambiental sobre los transgénicos y sobre todo las diferentes posiciones de los sectores latinoamericanos para ampliar la limitada información y propiciar un mejor conocimiento sobre los organismos genéticamente modificados.
Más información en:
http://fausac.usac.edu.gt/GPublica/index.php/Cultivos_transgénicos_en_Guatemala
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